Gaseros de #Naucalpan viven en pugnas por las rutas y derecho de piso, ayer asesinaron a 3



En un violento episodio que sacudió a la comunidad de San Francisco Chimalpa, Naucalpan, tres trabajadores de gas LP fueron brutalmente asesinados abordo de su unidad, en el paraje El Castillo. Este lamentable evento, ocurrido en el interior de la cabina del camión donde los hombres efectuaban la venta y distribución del combustible doméstico, es un sombrío recordatorio de la creciente violencia y las pugnas que han envuelto a los distribuidores de gas en la zona metropolitana, pues las autoridades no descartan en su línea de investigación que esta sea una probable causa del triple homicidio. 

Testigos del hecho reportaron haber escuchado detonaciones en la calle principal de El Castillo, seguido de la visión de al menos dos individuos huyendo en motocicleta hacia la carretera Naucalpan-Toluca. Los paramédicos solo pudieron confirmar que los cuerpos ya no presentaban signos vitales, víctimas de proyectiles de un arma de fuego, aparentemente de grueso calibre.

Este incidente no es un caso aislado en Naucalpan, donde los gaseros se han visto envueltos en una espiral de violencia y disputas territoriales. En octubre de 2019, Luis, un trabajador de gas fue asesinado en plena carga en un domicilio y quedó muerto al lado de la pipa que conducía en la colonia San Rafael Chamapa. En junio del mismo año, dos hermanos, Tomas y José Lázaro Suárez Solís, también distribuidores de gas, fueron asesinados en la colonia La Raquelito. 

Las pugnas entre grupos delincuenciales por las rutas de distribución de gas en diversos puntos de la zona metropolitana han generado un clima de tensión y peligro, no solo para los trabajadores del sector sino también para los habitantes de las colonias afectadas. Algunos fraccionamientos han sido declarados zonas prohibidas para la distribución, y Naucalpan, lamentablemente, no ha sido la excepción en esta escalada de hostilidades y homicidios.

La escalada de violencia en Naucalpan ha alcanzado niveles alarmantes, manifestándose en una ola de homicidios y robos, especialmente en el transporte público, que, en muchos casos, ya ni siquiera se denuncian ante un manto de desesperanza y desconfianza hacia las autoridades. La incapacidad de las fuerzas de seguridad para detener, y mucho menos prevenir, estos actos delictivos ha generado un ambiente de temor y descontento entre los ciudadanos, quienes observan cómo los perpetradores operan con una impunidad casi garantizada, mientras que la seguridad y la paz social se desmoronan ante sus ojos.

Las investigaciones sobre los hechos recientes ya han sido iniciadas, y se ha abierto la carpeta correspondiente para dar con el paradero de los posibles homicidas. Mientras tanto, la comunidad queda en espera de respuestas y, sobre todo, de soluciones que garanticen la seguridad de la comunidad y la intervención de las autoridades para detener esto. 

A pesar de las inversiones en equipamiento para las fuerzas de seguridad, como la adquisición de patrullas, el problema radica en la falta de elementos capacitados y, crucialmente, en la ausencia de incentivos para enfrentar a la delincuencia de manera efectiva. Los sueldos bajos y no homologados con sus pares policías de la Ciudad de México, sumados a las condiciones de trabajo y los riesgos que enfrentan, no solo desmotivan a los actuales elementos de seguridad sino que también desincentivan a posibles nuevos reclutas, dejando a la comunidad en una situación de vulnerabilidad y a las autoridades en una posición de crítica y desaprobación pública.

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